Cinco exdirectivos del Osasuna han aceptado este lunes una pena de prisión de cuatro meses y quince días por un delito contra la hacienda pública cometido en 2013, en concreto, por no haber abonado cuantías relativas a retenciones por un monto de 191.718,55 euros. Además, el propio club, también acusado y que ha aceptado los hechos, y los cinco exdirectivos han sido condenados a una multa para cada uno de 47.929,63 euros.

Al inicio del juicio por estos hechos en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona han expresado su conformidad con esta condena el expresidente del club Miguel Archanco y los exdirectivos Juan Antonio Pascual, Sancho Bandrés, Jesús Peralta y Ángel Vizcay. Al comunicar el fallo, la juez ha suspendido la pena de cárcel por un plazo de dos años con la condición de que no cometan nuevos delitos. La fiscalía ha retirado la acusación contra Tomás López, que ha quedado absuelto. En representación del club, ha acudido al juicio el presidente, Luis Sabalza, quien ha dado su conformidad con el acuerdo.

La sentencia se ha dictado con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño por parte de los acusados, puesto que ya ha sido satisfecha a la Hacienda foral la cuantía de 191.718,55 euros. También se ha aplicado la atenuante por dilaciones indebidas.

Por otro lado, con esta condena, el club pierde el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses. El abogado de Osasuna ha pedido a la juez que este apartado sea de aplicación sin afectar a las subvenciones que actualmente el club tiene concedidas, es decir, que se aplique más adelante.

Por el contrario, no se han mostrado conformes con el acuerdo los exdirectivos José Manuel Purroy y Manuel Ganuza, que han decidido ir a juicio. La vista del juicio ha comenzado esta misma mañana y está previsto que se prolongue también durante el martes y el miércoles.

El escrito de la fiscal con el que los cinco acusados y Osasuna se han mostrado de acuerdo señala que "el Club Atlético Osasuna, con evidente ánimo de ocasionar un perjuicio a la Hacienda foral de Navarra, como obligado tributario, en el año 2013, incumplió las obligaciones que le correspondían, bien omitiendo en la declaración anual del motivo informativo nº 190 correspondiente a retenciones de trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales y premios, la información precisa de las retribuciones y sus correspondiente retención, que posteriormente no ingresó, y que determinó que los perceptores de los rendimientos no hayan declarado la totalidad de las retribuciones percibidas o incumpliendo la obligación de retener e ingresar, incluyendo como dietas exentas por gastos de locomoción y manutención pagos que no tienen tal consideración y por tanto están sujetas a tributación".

Así, el escrito expone que "mediante la inspección fiscal realizada por la Hacienda foral, se comprobó que en el año 2013 se abonaron retribuciones a empleados y trabajadores de la empresa por su importe neto, a las que se les efectuó la retención correspondiente, pero que dichas retenciones no se ingresaron en la Hacienda tributaria, ni se declararon en el modelo 190 por importe de 136.378,90 euros".

Igualmente, el club realizó retribuciones por su importe neto a los jugadores del equipo filial de Osasuna y cuyas retenciones "fueron realizadas pero no ingresadas en Hacienda, omitiendo información sobre las mismas en el modelo 190 por importe de 12.891,57 euros", continúa el escrito.

Asimismo, Osasuna realizó retenciones a cuenta del IRPF en relación a pagos en especie, tal como cesión gratuita de viviendas por importe de 10.814,30 euros.

"Junto con esas cantidades referidas pero no ingresadas y por tanto defraudadas a la Hacienda foral, el Club Atlético Osasuna incumplió la obligación de retener e ingresar 31.633,78 euros al declarar como dietas exentas por gastos de locomoción y manutención, abonos que no tenían tal consideración y que por tanto eran rentas sujetas a tributación no exentas", añade el texto del acuerdo.

El escrito señala que "estas conductas fueron conocidas y permitidas por los acusados responsables del club".

Este procedimiento se inició por una querella interpuesta por el asesor jurídico del Gobierno de Navarra el 21 de febrero de 2017, consignado Osasuna el 26 de junio de 2017 la cantidad de 232.837,78 euros en concepto de responsabilidad civil, cantidad que fue entregada a la Hacienda foral el 3 de agosto de 2017.