El expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu ha pedido revocar la imputación por cohecho en el “caso Negreira”, al considerar que si el expresidente de la RFEF Luis Rubiales no pudo ser cesado por el Gobierno al dirigir una entidad privada, tampoco fue funcionario el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Así lo sostiene Bartomeu en un recurso,   que ha interpuesto ante la Audiencia de Barcelona para que deje sin efecto el auto en el que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, atribuye a los acusados el delito de cohecho bajo la premisa de que el exvicepresidente del CTA tenía una condición equiparable a la de un funcionario.

Por el contrario, Bartomeu sostiene que tanto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como el CTA son asociaciones privadas y sus integrantes no ostentan delegación de “función pública alguna”, por lo que considera que no se les puede atribuir el delito de cohecho.

“Si Enríquez Negreira era un funcionario público, aunque no percibiese remuneración en su cargo, con más motivo lo habría sido el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Pues bien, cabe recordar los sucesos recientes, tristemente famosos: ni la administración, ni el Consejo Superior de Deportes, ni el Ministerio de Deportes, pudo cesarlo, tuvo que ser la UEFA y la FIFA quienes provocasen ese cese”, argumenta el recurso.

Según la defensa de Bartomeu, si en el “caso Negreira” se considerase como válida la calificación de cohecho, a partir de ahora cuando un jugador agreda a un árbitro se debería considerar como una agresión a un funcionario público, “aspecto que carece de sentido”.

Cohecho, la vía del juez para mantener viva la causa sin pruebas

En su escrito, Bartomeu denuncia que la imputación por cohecho tiene como objetivo cambiar la “orientación” del proceso, inicialmente abierto por un delito de corrupción deportiva, sin que el magistrado haya especificado sus razones, aunque lo atribuye a la falta de pruebas en esta causa.

“Cabe suponer que lo es debido al nulo resultado de la investigación, dirigida a demostrar que algún árbitro fue influenciado por Enríquez Negreira, siguiendo un plan urdido por él mismo y el FC Barcelona”, aduce.

En este sentido, el recurso insiste en que la “manifiesta carencia probatoria, parece haber llevado a la necesidad de modificar la calificación para poder mantener viva la causa”.

“Ni los denunciantes o comparecientes han podido aportar prueba alguna, ni las indagaciones policiales han conseguido dar con el menor rastro probatorio que diera sustento de esa idea inicial de la existencia de un delito de corrupción en el deporte, lo que ha devenido en una mera conjetura carente de prueba”, sostiene.

Para la defensa de Bartomeu, “el paso de los meses va haciendo cada vez más patente la realidad de que en la presente causa no hay ni puede haber objeto del proceso”.

“La evidencia de la inviabilidad de continuar por el camino de la corrupción de árbitros y de influir en resultados deportivos, podría bastar para cerrar este proceso. No obstante, se ha optado por buscar una tipificación alternativa, el cohecho”, apunta la defensa de Bartomeu, que resalta que, con ello, lo que pretende el juez es “salvar la supervivencia de la causa”.

Para ello, señala, el juez ha tenido que partir de la afirmación de que Negreira era un funcionario público, aunque sin más prueba que la que ambas partes han reconocido: “asesoramiento que prestaba un árbitro jubilado”.