La Audiencia de Valencia ha rechazado el recurso de la Fiscalía y ha confirmado la absolución de los jugadores y técnicos procesados por los indicios de amaño del Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11 y ha retirado, además, la condena a dos directivos del Zaragoza por falsedad, por considerar prescritos los hechos.

Según han informado fuentes conocedoras del pronunciamiento, la sección cuarta de la Audiencia Provincial confirma así la sentencia absolutoria que fue dictada en diciembre del año pasado para 36 jugadores del Levante y del Zaragoza que habían sido acusados de un delito de corrupción deportiva.

En esta misma sentencia, sin embargo, fueron condenados a un año y tres meses de prisión el expresidente del Zaragoza Agapito Iglesias, así como el ex director financiero del club maño Javier Porquera, por alterar las nóminas de los jugadores para ocultar el destino de 1,7 millones de euros, que sacaron de la entidad ante su inminente entrada en concurso de acreedores. 

La Audiencia admite ahora los recursos de Iglesias y Porquera por considerar que el delito de falsedad está prescrito, con lo que la absolución es general para todos los procesados.

Este juicio se convirtió en la primera macrocausa por un delito de estas características en España.

Entre los futbolistas procesados se encontraban Ander Herrera, Vicente Iborra, Cristian Stuani y Gabi Hernández, así como el entrenador mexicano Javier Aguirre, entonces máximo responsable del banquillo de la escuadra zaragocista.

Todos ellos fueron absueltos en primera instancia y ahora la Audiencia Provincial confirma la resolución.

La acusación se sustentó en el testimonio del denunciante, el actual presidente de LaLiga, Javier Tebas, y en un informe de la Agencia Tributaria que apuntaba a un descenso de las extracciones de dinero en efectivo y de pago con tarjeta de los jugadores del Levante.

En la sentencia se admitió que los movimientos de cuenta de los jugadores del Levante fueron un indicio que permitía sostener la acusación, pero que no resultaron “suficientes” para ser una prueba del fraude deportivo.

Esta decisión supone un ‘palo’ moral más para el RC Deportivo y su masa social, puesto que en esa misma temporada y después de un 1-2 más que sospechoso en el Ciutat de Valencia, el cuadro coruñés descendió.